La Consulta de la Calidad Educativa y el Plan de la Patria.
Recientemente la Conferencia Episcopal de Venezuela advertía que la causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del gobierno y del partido oficial de implantar el Plan de la Patria, cuyo contenido esconde un sistema de gobierno de corte totalitario[1].
Precisamente la convocatoria para la Consulta de Calidad Educativa que ha promovido el Ministerio de Educación y cuya fecha de inicio está pautada para el 23 de abril de 2014, es anunciada por el ministro Héctor Rodríguez, como parte del Plan de la Patria[2].
Pero además, el objetivo es ratificado cuando el viceministro de educación Rodolfo Pérez Hernández, señala en una entrevista, que la Consulta convocada persigue, entre otros objetivos, desarrollar el modelo curricular educativo bolivariano, lo cual responde claramente al objetivo 2.2.12.1 del Plan de la Patria[3].
Resulta oportuno recordar algunos antecedentes recientes sobre el intento del gobierno por controlar el sistema educativo, en tal sentido, se debe mencionar el año 2008 cuando el entonces ministro de Educación Adán Chávez, intentó sin éxito la reforma curricular educativa, entonces el debate se suspendió[4], hasta que ahora, 6 años después, se intenta nuevamente abrir el debate. En el 2009, la agenda de la política educativa, centró el debate en la Ley Orgánica de Educación aprobada en agosto de ese mismo año.
En el año 2010 el gobierno impulsó un Congreso Pedagógico para el desarrollo de contenidos educativos y en julio de ese mismo año, anunció la necesidad de evaluar y revisar los textos escolares que eran utilizados como material didáctico en las aulas de clases y así como llegamos al año 2011 cuando el gobierno logra editar y distribuir a nivel nacional un total de 12 millones de textos escolares bajo el nombre de Colección Bicentenaria[5].
Hoy con la excusa de impulsar la calidad educativa, prevista como objetivo en el Plan de la Patria, el gobierno busca legitimar con una consulta la tarea pendiente de imponer un nuevo currículo educativo y entre sus objetivos adicionales, también busca impulsar un proceso de refundación y fortalecimiento de las instituciones educativas y la capacidad rectora del Estado[6].