Roberta Gisotti – Ciudad del Vaticano
Los obispos del país africano protestan contra la nacionalización de las escuelas católicas, que sigue a la de las estructuras sanitarias: medidas unilaterales totalmente arbitrarias. En una carta denuncian una estrategia persecutoria del gobierno de Asmara con respecto a la Iglesia
Cierres, requisiciones y finalmente estatalización de clínicas, hospitales, escuelas e institutos de formación. Un camino de persecución contra las obras de la Iglesia Católica – denuncian los obispos eritreos – iniciado por el gobierno de Asmara hace casi dos años con la orden de cerrar la escuela secundaria del Santísimo Sacramento del Seminario de la capital. Una institución histórica, que en el transcurso de más de un siglo ha desempeñado un importante papel cultural y espiritual, al servicio de la Iglesia y del país. A esto siguió después la requisa de ocho centros de salud y la nacionalización de otras veintiún clínicas, y finalmente, el pasado 3 de septiembre, la nacionalización de tres importantes escuelas infantiles, primarias y secundarias, dirigidas por los Hermanos Lasallanos de Cheren y por los Hermanos Capuchinos en Addi-Ugri y en Massawa.
La preciosa contribución de las escuelas católicas
En cuanto a la nacionalización de las escuelas, los obispos subrayan que “ningún otro fin” es propuesto por la Iglesia en la gestión de sus instituciones educativas, sino “la contribución honesta, correcta y apasionada a la promoción integral del hombre, hoy como ayer”. Pueden dar testimonio de ello – añaden – sin ser desmentidos, cuantos, hombres y mujeres de cualquier religión y curso de vida, han pasado por nuestras aulas, han saboreado las enseñanzas de vida, y hoy están dispersos por todo el mundo”.
Las instituciones religiosas en la historia de Eritrea
Además, los prelados recuerdan el papel histórico desempeñado por las instituciones religiosas, no sólo católicas, sino también ortodoxas, islámicas y judías, que han contribuido a la “formación, constitución y definición de la identidad y la cultura”. “Los sistemas administrativos modernos, la evolución de la conciencia política y de la cultura literaria, el progreso de las lenguas, han encontrado sus mejores cultores en los eritreos que han salido de las escuelas dirigidas por la Iglesia Católica y por otras confesiones religiosas”. No hay que olvidar que “sus contribuciones en los procesos políticos y en la lucha por la independencia – señalan los obispos – ocupan un lugar eminente en la historia” de Eritrea.
Entonces – se preguntan los obispos – ¿cómo enmarcar esta expropiar a la Iglesia de sus instituciones educativas, instrumentos a través de los cuales ha influido profundamente en el crecimiento, el progreso y la civilización de todo un pueblo? ¿Con qué fundamentos se atrevió a declararla, con los hechos más que con las palabras, desprovista de todo título o derecho a reclamar contra tales instituciones? Si esto no es odio contra la fe y la religión, ¿qué más puede ser? Al retirar a los niños y jóvenes de las estructuras capaces de formarlos en los valores supremos del temor de Dios y de la ley moral, ¿qué nuevas generaciones se quieren preparar para el futuro de este país?
Si no es odio contra la fe, ¿qué es?
Entonces – se preguntan los obispos – ¿cómo enmarcar esta expropiar a la Iglesia de sus instituciones educativas, instrumentos a través de los cuales ha influido profundamente en el crecimiento, el progreso y la civilización de todo un pueblo? ¿Con qué fundamentos se atrevió a declararla, con los hechos más que con las palabras, desprovista de todo título o derecho a reclamar contra tales instituciones? Si esto no es odio contra la fe y la religión, ¿qué más puede ser? Al retirar a los niños y jóvenes de las estructuras capaces de formarlos en los valores supremos del temor de Dios y de la ley moral, ¿qué nuevas generaciones se quieren preparar para el futuro de este país? Si no es odio contra la fe, ¿qué es?
El rechazo de las autoridades a justificarse
En su carta, los obispos afirman que siempre han querido encontrarse con las autoridades gubernamentales “para dialogar sobre todo lo relacionado con la situación” de la Iglesia, sin haber tenido una respuesta ni “ninguna consideración”. Por lo tanto, lamentan que las autoridades de Asmara no han motivado “las recientes e injustificables disposiciones”: ninguna transgresión de los reglamentos administrativos de la escuela o de las normas, ni inadecuación pedagógica o didáctica, ni culpabilidad por comisión u omisión. Por el contrario – dicen los obispos – “nuestras escuelas se han distinguido por su calidad y nivel”, obteniendo “los mejores resultados en los exámenes nacionales” que “deberían haber merecido el mayor reconocimiento y aliento”. “Estas cosas – dicen los obispos – las sabe el Estado y, si es necesario, puede tomar conocimiento viendo los informes regularmente enviados al Ministerio de Educación a lo largo de los años”.
Repercusiones para todo el pueblo eritreo
No es un problema que concierne sólo a la Iglesia, aclaran los prelados eritreos. “Al impedir efectivamente que la sociedad civil y la Iglesia lleven a cabo su misión en beneficio de los hombres y mujeres de este tiempo y de este país, se termina restringiendo o suprimiendo el espacio para el ejercicio de la legítima libertad y del derecho fundamental y universal de las personas. Cuando todo está monopolizado por el Estado, se niega la libertad del individuo y se paralizan las actividades. Y donde se niegan la libertad y el derecho, ya no hay espacio para la paz, la libertad o el derecho”. Debe quedar claro para todos, recomiendan los obispos, “que, cuando tales instituciones sean estatalizadas y los derechos de la Iglesia sean quebrantados, el grave daño resultante recaerá sobre los hombros de todo el pueblo y de toda la nación”.
La demanda de justicia no se detendrá
De ahí la firme petición, al final de la Carta, de que las recientes resoluciones gubernamentales “contrarias a los derechos y libertades legítimas de la Iglesia” sean revisadas y rápidamente bloqueadas. Hasta que esto no suceda, la Iglesia en Eritrea con sus fieles “no dejará de pedir justicia a quienes tienen el poder de administrarla”.